Concejala Paloma Fernández Valdés: “Los DD.HH. constituyen un imperativo que debe ser respetado por todos los órganos del Estado.”

Después de 21 días de movilización social que tuvieron su inicio a fines de octubre, en nuestra capital regional se registran más de 600 personas detenidas y más de 40 son menores de edad. Del total de personas detenidas 59 personas han quedado en prisión preventiva, como medida cautelar, lo que se ha traducido en un aumento del 40,94% de la población penal.

Las medidas cautelaresson restrictivas o privativas de la libertad y tienen por objeto velar por la seguridad de la sociedad o de la víctima, estas pueden ser muy útiles, pero también pueden ser extremadamente dañinas si no se entiende a cabalidad cuál es la función que les corresponde en un Estado de Derecho.

Al respecto, Paloma Fernández Valdés, Psicóloga y Concejala de la Ilustre Municipalidad de Copiapó, destaca su preocupación respecto al impacto negativo que puede generar en las personas la privación de su libertad, así como aquellas medidas cautelares de reclusión domiciliaria total y parcial.  “Se pueden generar graves consecuencias psicológicas que pueden ir desde un cambio de actitud debido a los altos niveles de estrés y de violencia, hasta reacciones impulsivas en contra de otros, autoflagelación y suicidios”, por lo que es fundamental el rol que debe tener el municipio respecto del cuidado de la salud física y mental de nuestra comunidad, así como en el resguardo, reconocimiento y protección a los Derechos Humanos, ya que éstos constituyen un imperativo que debe ser respetado por todos los órganos del Estado.

“Hoy muchos jóvenes de nuestra comuna que salieron a manifestarse por nuestros derechos han sido criminalizados, puesto que al aplicarles las medidas de prisión preventiva o reclusión en sus casas, se les está indicando que son un riesgo para nuestra sociedad, la persecución penal a la que se les ha sometido transgrede el principio de igualdad ante la ley y la I. Municipalidad de Copiapó,  como órgano del Estado debe actuar como garante de derechos, exigiendo una visión de política criminal acorde con el Estado de Derecho y en especial con los derechos humanos de nuestras vecinas y vecinos”, concluye la concejala.

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